Sánchez cede a la presión: habrá toque de queda a las 8 de la tarde si lo piden las comunidades

España adelantará el toque de queda, a partir del próximo miércoles, si hay consenso entre las administraciones territoriales. Una vez más, escudándose en la cogobernanza, el Gobierno de Pedro Sánchez dejará en manos de las comunidades autónomas la decisión, que tendrá que validar el Consejo Interterritorial de Sanidad, y refrendar posteriormente el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados.

Al Ejecutivo no le parece mal la medida de adelantar la prohibición de circular por la calle sin salvoconducto, pese a haber recurrido la decisión de la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Supremo, pero quiere que sean las autonomías las que asuman el desgaste. A Sánchez y Salvador Illa, la modificación de los horarios les facilitaría seguir escondiéndose tras las administraciones autonómicas.

Desde Moncloa, este lunes, han pedido al Gobierno castellanoleonés que cumpla con la legalidad y suspenda su adelanto del toque de queda hasta el miércoles, que se debata en la reunión de los consejeros autonómicos. De momento lo mantienen. El Gobierno, que no quiere abrir un nuevo frente judicial con una comunidad, cree que puede haber consenso para modificar los limites del confinamiento domiciliario nocturno, dada la evolución de la pandemia.

Junto a Castilla y León, Andalucía y Murcia -las tres gobernadas por el PP- están a favor de ese adelanto del toque de queda a las ocho de la noche. Según ha podido saber este periódico de fuentes de la Generalitat, la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, también apoyaría el cambio legal para permitir el avance horario. Desde los gobiernos de Cataluña y Aragón no descartan seguir la misma línea.

Así pues, si existe una mayoría en el Consejo Interterritorial de Sanidad, para permitir a los gobiernos regionales una mayor flexibilidad en el toque de queda, el Gobierno se tendrá que reunir de forma extraordinaria antes de finalizar la semana. En la reunión ministerial tendrán que aprobar una modificación del decreto de estado de alarma que, entró en vigor en el mes de octubre, para dar cobertura legal a la medida.

Tras los primeros quince días en vigor del nuevo toque de queda, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deberá acudir al Congreso de los Diputados a defender una extensión de la medida hasta que sea necesario. La mayoría de la Cámara Baja, en función de la evolución de los datos, será luego la responsable de autorizar o no a los gobiernos regionales mantener el adelanto a las ocho.

Una hora complicada

Este adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde, una hora en la que en nuestro país cierran la mayoría de tiendas, finalizan la jornada en algunas empresas e incluso los más pequeños continúan en actividades extraescolares, es lo más parecido a un confinamiento domiciliario, señalan desde Moncloa. «Encerrarnos en casa a las ocho de la tarde suspende por completo los contactos sociales» defienden desde el Gobierno.

El efecto que el adelanto de dos horas del toque de queda tendría precisamente sobre la economía es lo que lleva a varios ministros, los del área económica, a rechazar la medida. Aseguran que el Ejecutivo no tiene los recursos suficientes para garantizar la viabilidad del tejido empresarial español, si un adelanto del confinamiento nocturno provoca más despidos y cierres de empresas.

Confinamiento total

Paralelamente al adelanto del toque de queda, en la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles, algunas comunidades autónomas volverán a situar sobre la mesa la necesidad de incluir en la modificación del estado de alarma la posibilidad de confinar domiciliariamente. La Junta de Andalucía pedirá al Gobierno que lo permita y por eso intentará convencer al resto de autonomías para que este foro lo facilite.

De esta forma, si en la nueva modificación se incluyera esta cláusula, cualquier comunidad podría decretar un confinamiento total en casa en cualquier momento y circunstancia. Este encierro no tendría que ser refrendado por los tribunales, al estar recogido en el estado de alarma, y podría ordenarse por el plazo de tiempo que cada autonomía lo considere necesario.

Volver a una situación como la de marzo, con un confinamiento duro paralizando la economía, es el último recurso para frenar la expansión del virus. El gabinete de Pedro Sánchez no quiere asumir el desgaste de volver a encerrar a los ciudadanos en sus viviendas, como sí han hecho otros países, y por eso deja en manos de las comunidades las decisiones que deben tomar, flexibilizándoles el marco jurídico.

Desde el Gobierno, fuentes consultadas por este periódico, rechazan que esto pueda salir adelante, aunque existiera un consenso en el Consejo Interterritorial de Sanidad. En el caso de los confinamientos domiciliarios Moncloa teme que sería el gabinete de Sánchez el responsable de asumir el desgaste, tanto en lo que refiere al cabreo de la ciudadanía como en el coste económico, por lo que se niega tajantemente a llevar a cabo una modificación que volvería a tensionar el Gobierno.